Ciudad de México, 12 de septiembre de 2026.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, reactivó la discusión sobre uno de los pasivos financieros más controvertidos de las últimas décadas al impulsar una iniciativa para terminar con las obligaciones presupuestarias derivadas del rescate bancario asociado al Fobaproa y destinar esos recursos a infraestructura y programas prioritarios.
La propuesta busca derogar los artículos transitorios quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, disposiciones mediante las cuales fueron trasladados al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) pasivos y obligaciones procedentes del rescate financiero.
Contrario a lo que podría sugerir la expresión “eliminar el Fobaproa”, la iniciativa no plantea desaparecer al IPAB ni retirar la protección de los depósitos bancarios. Moreira sostiene que se conservaría el fondo que funciona como seguro de depósito y la responsabilidad del instituto de proteger a los ahorradores.
El argumento: la deuda ya habría sido cubierta
El legislador priista fundamenta su propuesta en que los recursos públicos transferidos durante más de dos décadas son suficientes para considerar cubierta la carga original del rescate.
De acuerdo con las cifras expuestas por Moreira, el IPAB recibió una deuda procedente del Fobaproa estimada originalmente en 552 mil millones de pesos y comenzó operaciones con obligaciones cercanas a los 725 mil millones. Entre 1999 y 2024, sostiene el diputado, se destinaron aproximadamente 795 mil millones de pesos mediante el Ramo 34 para atender estos compromisos.
A partir de esas cifras, Moreira argumenta que continuar destinando recursos presupuestarios a los pasivos históricos limita la capacidad del Estado para financiar necesidades actuales.
La iniciativa no es enteramente nueva. Documentos de la Cámara de Diputados muestran que Moreira ya había presentado una propuesta para derogar esos mismos transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Una versión publicada en la Gaceta Parlamentaria el 30 de abril de 2025 planteaba expresamente la eliminación de las obligaciones relacionadas con el Fobaproa.
¿A dónde iría el dinero?
La propuesta establece que los recursos presupuestarios que eventualmente se liberen deberían reasignarse cada año a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Entre los destinos señalados se encuentran la recuperación de infraestructura hospitalaria, construcción y conservación de carreteras no concesionadas, caminos rurales, infraestructura hidráulica, apoyo al campo y mayores recursos para las entidades federativas.
El planteamiento abre nuevamente un debate que durante décadas ha atravesado la política económica mexicana: cuánto ha costado realmente el rescate bancario, cuánto se ha pagado y qué obligaciones permanecen vigentes.
Fobaproa, una factura política de tres décadas
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro adquirió especial relevancia durante la crisis financiera de 1994-1995. Posteriormente, parte de las obligaciones generadas durante el rescate del sistema bancario fueron reconocidas dentro del nuevo esquema encabezado por el IPAB.
Desde entonces, el Fobaproa se convirtió no sólo en un asunto financiero, sino también en uno de los episodios más controvertidos de la política económica contemporánea de México.
La discusión volvió a cobrar fuerza durante los últimos meses. La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado reiteradamente el costo del rescate y en agosto señaló que se trata de una deuda cuya estructura provoca que los recursos destinados a ella se concentren en el pago de intereses.
La iniciativa de Moreira introduce ahora un elemento políticamente significativo: que sea el coordinador parlamentario del PRI quien impulse la eliminación de obligaciones asociadas con un rescate bancario instrumentado originalmente durante un gobierno emanado de ese mismo partido.
La discusión apenas comienza
La eventual aprobación de la reforma tendría implicaciones presupuestarias, financieras y jurídicas que deberán ser analizadas en el Congreso. La derogación de los artículos transitorios no equivale por sí misma a borrar contablemente todas las obligaciones del IPAB, por lo que el debate deberá precisar el tratamiento legal de los pasivos vigentes y las consecuencias para las finanzas públicas.
Por ahora, la propuesta coloca nuevamente al Fobaproa en el centro de la discusión nacional y enfrenta al Congreso con una pregunta que permanece abierta casi tres décadas después del rescate bancario: ¿hasta cuándo debe el presupuesto público seguir absorbiendo sus consecuencias financieras?
La respuesta dependerá ahora de la discusión legislativa y, particularmente, de si la mayoría en la Cámara de Diputados está dispuesta a convertir la crítica histórica al Fobaproa en una modificación concreta de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
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