Múzquiz, Coah., 6 de julio de 2026.- La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue detenida en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en coordinación con autoridades de Coahuila.
La captura fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) la noche del 4 de julio en la colonia San Agustín, en San Pedro Garza García. Tras su aseguramiento, la exfuncionaria fue trasladada a un Centro de Reinserción Social en Coahuila, donde quedó a disposición de un juez de control que dará seguimiento al proceso penal en su contra.
De acuerdo con las autoridades, la investigación está relacionada con un presunto daño patrimonial estimado en 15 millones de pesos, derivado de la disposición irregular de bienes muebles y otras acciones presuntamente cometidas durante su administración municipal. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 9 de julio. Mientras tanto, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Antecedentes del caso
No es la primera ocasión que la exalcaldesa enfrenta un proceso judicial. En diciembre de 2025 fue vinculada a proceso por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, dentro de una investigación distinta relacionada con presuntas irregularidades administrativas durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Múzquiz, correspondiente al periodo 2022-2024.
Las autoridades estatales señalaron que la nueva orden de aprehensión deriva de una carpeta de investigación independiente, abierta por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, por lo que ambos procedimientos continúan su curso de manera paralela.
Con este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila mantiene las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos municipales, en el marco de su estrategia para judicializar delitos relacionados con corrupción y daño al erario.
