Ciudad de México, 19 de junio de 2026. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría calificada la remoción de cuatro integrantes del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), al considerar que incurrieron en una extralimitación de funciones al designar de manera provisional a un titular del Órgano Interno de Control, facultad que corresponde exclusivamente al Congreso del Estado de Michoacán.
La resolución fue avalada con ocho votos a favor y tres en contra, alcanzando la mayoría requerida para aplicar la sanción. Los consejeros removidos son Ignacio Hurtado Gómez, Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza. Inicialmente el procedimiento incluía a una quinta consejera, Silvia Verónica Mauricio Salazar, quien presentó su renuncia irrevocable antes de la votación, por lo que su situación fue analizada por separado.
Durante la discusión, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que el respeto al marco constitucional debe prevalecer sobre cualquier consideración práctica o administrativa.
“La ley no se violenta a medias, se violenta. Lo que no está permitido por la autoridad está prohibido”, afirmó durante la sesión del Consejo General.
Taddei argumentó que la urgencia institucional no justificaba asumir atribuciones reservadas al Poder Legislativo estatal y señaló que las decisiones colegiadas no pueden convalidar actos realizados fuera del marco legal. Asimismo, enfatizó que la posterior designación formal del contralor por parte del Congreso no elimina la responsabilidad de quienes actuaron sin competencia legal para hacerlo.
Debate y posturas encontradas
La decisión generó un intenso debate dentro del propio Consejo General. Consejeros como Uuc-kib Espadas Ancona y Martín Faz Mora votaron en contra al considerar que la sanción era desproporcionada. Argumentaron que el nombramiento cuestionado tuvo una duración de apenas nueve días, no produjo afectaciones patrimoniales ni incidió directamente en la función electoral.
Además, advirtieron que la salida de la mayoría de los integrantes del órgano electoral michoacano podría generar complicaciones operativas a pocos meses del inicio del proceso electoral 2026-2027 en la entidad.
Impacto político e institucional
La resolución abre un nuevo capítulo en la relación entre el INE y los organismos públicos locales electorales. Mientras la mayoría del Consejo General sostuvo que la medida fortalece el principio de legalidad y la rendición de cuentas, voces políticas y funcionarios michoacanos han señalado que la decisión podría afectar la estabilidad institucional del estado en vísperas de una elección clave para la renovación de la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales.
Con esta determinación, el INE reafirma su facultad de supervisión y eventual remoción de consejeros electorales locales cuando considera acreditadas faltas graves al marco constitucional y legal
