Por Redacción Especial 11/05/26
El nombre de Roberto Blanco Cantú pasó de los registros empresariales y operaciones portuarias a los expedientes federales de delincuencia organizada. En cuestión de meses, el empresario tamaulipeco —identificado por autoridades como “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown”— se convirtió en una de las piezas centrales de la mayor investigación por huachicol fiscal en México durante los últimos años.
La investigación no gira únicamente alrededor del robo tradicional de combustible mediante tomas clandestinas. El esquema es más sofisticado, transnacional y financiero: importación ilegal de hidrocarburos disfrazados como aditivos industriales o lubricantes para evadir impuestos federales, particularmente el IEPS. Ese mecanismo permitió el ingreso masivo de combustible a territorio mexicano con apoyo de operadores logísticos, empresas fachada, agentes aduanales y presuntas redes de corrupción dentro de instituciones portuarias y de seguridad.
El origen del caso
El caso comenzó a tomar dimensiones nacionales tras diversos decomisos realizados entre 2024 y 2025 en puertos estratégicos como Altamira, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California. Uno de los golpes más relevantes ocurrió con el aseguramiento del buque Challenge Procyon, relacionado con el traslado de millones de litros de diésel presuntamente ingresados de manera ilegal al país.
Las investigaciones federales señalan que la empresa Mefra Fletes habría sido utilizada como eje logístico para la distribución del combustible ilícito. Diversas publicaciones periodísticas identifican a Roberto Blanco Cantú como propietario o accionista vinculado a dicha compañía.
Según expedientes judiciales y reportes de prensa, la red operaba principalmente mediante:
- importación marítima de combustibles;
- alteración de pedimentos aduanales;
- simulación de mercancías industriales;
- triangulación financiera;
- uso de empresas intermediarias;
- y protección institucional en aduanas y puertos.
El combustible entraba al país etiquetado como aceites o aditivos para lubricantes, evitando así cargas fiscales multimillonarias.
La dimensión militar y aduanal
La investigación escaló cuando aparecieron nombres de altos mandos vinculados con operaciones marítimas y aduaneras. Entre ellos destacan los hermanos Farías Laguna, exfuncionarios relacionados con la Secretaría de Marina y señalados como operadores estratégicos dentro de la estructura de contrabando.
Las pesquisas federales sostienen que existía una red de protección institucional capaz de facilitar la entrada de cargamentos ilegales a través de puertos mexicanos. Los reportes indican que la organización habría operado al menos desde 2023 y logró movilizar cientos de millones de litros de combustible.
El caso generó un fuerte impacto político debido a que algunos implicados mantenían relaciones con figuras relevantes dentro de la estructura naval mexicana. La investigación también abrió interrogantes sobre posibles vínculos con grupos criminales regionales y redes de lavado de dinero.
Órdenes de captura y amparos
En septiembre de 2025, jueces federales emitieron órdenes de aprehensión contra varios empresarios y operadores ligados al esquema de huachicol fiscal. Entre ellos apareció Roberto Blanco Cantú.
Posteriormente, el empresario promovió diversos amparos para evitar su captura. Documentos judiciales indican que buscó protección federal contra actos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual lo señala como presunto líder de la estructura financiera y logística.
Las autoridades también relacionaron al empresario con decomisos de hasta ocho millones de litros de hidrocarburo en Baja California.
El operativo en Nuevo León
En mayo de 2026, el caso volvió a ocupar titulares nacionales tras cateos realizados por la Secretaría de Marina en propiedades ubicadas en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, Nuevo León.
Durante los operativos fueron asegurados vehículos, dinero en efectivo, armas, drogas y animales exóticos. Las autoridades buscaban a presuntos operadores ligados a Roberto Blanco Cantú y a una estructura relacionada con el Cártel del Noreste.
La captura de José Antonio “N”, alias “Titán”, fue interpretada por autoridades federales como un avance importante dentro de la investigación. Medios nacionales lo identificaron como presunto operador logístico y financiero de la red de huachicol fiscal.
El negocio multimillonario
El huachicol fiscal representa uno de los esquemas criminales más rentables del país. A diferencia del robo directo a ductos de Pemex, este modelo aprovecha vacíos regulatorios, corrupción administrativa y estructuras empresariales para introducir combustible ilegal al mercado formal.
Especialistas en seguridad energética consultados por distintos medios estiman que el daño fiscal alcanza miles de millones de pesos anuales debido a la evasión del IEPS y otros impuestos relacionados con hidrocarburos.
La sofisticación del esquema también explica por qué la investigación involucra:
- movimientos bancarios internacionales;
- empresas de transporte marítimo;
- redes aduanales;
- y presuntas conexiones con grupos criminales.
Un caso que golpea al Estado
El expediente contra “El Señor de los Buques” terminó convirtiéndose en algo más que una investigación sobre combustible ilegal. El caso expuso vulnerabilidades estructurales en:
- las aduanas mexicanas;
- los controles marítimos;
- la fiscalización energética;
- y los mecanismos anticorrupción.
Además, representa uno de los golpes más delicados a la imagen de instituciones militares y portuarias que durante años fueron presentadas como pilares del combate al crimen organizado.
Mientras la FGR mantiene abiertas múltiples líneas de investigación, el nombre de Roberto Blanco Cantú sigue apareciendo en expedientes judiciales, reportes de inteligencia y operativos federales. El empresario continúa bajo el foco de autoridades mexicanas en una trama donde convergen combustible, corrupción, puertos, crimen organizado y poder político.
