El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó este miércoles una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otras nueve personas, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados —todos funcionarios o exfuncionarios de alto nivel en el gobierno estatal y corporaciones de seguridad— habrían colaborado con dicha organización criminal para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La acusación presentada en Nueva York incluye los siguientes cargos contra el mandatario sinaloense:
● Conspiración para la importación de narcóticos.
● Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
● Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Según el Departamento de Justicia, estos delitos podrían derivar en cadena perpetua o en una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, en caso de ser hallado culpable.
El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance C. Cole informaron que, además del gobernador, la acusación alcanza a los siguientes funcionarios y exfuncionarios:
● Enrique Inzunza Cázarez, senador y exfuncionario estatal.
● Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
● Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto.
● Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación.
● Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe policial.
● Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
● José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector policial.
● Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
● Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal.
En un comunicado, el Departamento de Justicia sostuvo que los imputados “se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos en territorio estadounidense”, lo que refuerza la línea de investigación sobre presuntos vínculos entre estructuras de gobierno local y el crimen organizado.
La acusación se formalizó ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción que ha llevado algunos de los casos más relevantes contra el narcotráfico internacional.
En el plano nacional, la acusación contra Rubén Rocha Moya irrumpe en un momento particularmente sensible para el sistema político mexicano, donde la seguridad pública y la infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno han sido temas persistentes pero difícilmente acreditados a este nivel. El señalamiento desde una corte estadounidense contra un gobernador en funciones —y contra una red de funcionarios de distintos niveles— tensiona el discurso oficial sobre el control territorial y la eficacia de las estrategias de seguridad, además de abrir un flanco de presión política tanto para el gobierno federal como para los actores partidistas, en un contexto donde las responsabilidades institucionales suelen diluirse entre niveles de gobierno.
En el ámbito internacional, el caso añade un nuevo punto de fricción en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de cooperación en seguridad y combate al narcotráfico. La actuación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la DEA refuerza la tendencia de las autoridades estadounidenses a judicializar casos con impacto extraterritorial, lo que históricamente ha generado tensiones por posibles implicaciones en la soberanía mexicana. Este tipo de procesos suele reactivar el debate sobre los alcances de la colaboración bilateral, los mecanismos de intercambio de inteligencia y el papel de las agencias estadounidenses en territorio mexicano.
