Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- Tras un debate prolongado y cargado de tensiones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen del llamado “Plan B” en materia electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La minuta, enviada sin modificaciones desde el Senado, fue remitida inmediatamente a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación.
La reforma, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, busca principalmente promover la austeridad en el ámbito electoral y municipal. Entre sus puntos centrales destacan la reducción del número de regidores en los ayuntamientos, límites al presupuesto de los congresos locales y topes a las remuneraciones de consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los organismos públicos locales electorales (OPLE) y tribunales electorales.
La votación reflejó la correlación de fuerzas en San Lázaro: en lo general se registraron alrededor de 377 votos a favor y 102 en contra, mientras que en lo particular la aprobación fue de 343 a favor (Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano) y 124 en contra (PAN y PRI). El bloque oficialista y sus aliados alcanzaron la mayoría calificada requerida para reformas constitucionales.
El debate, que se extendió por más de 14 horas y contó con más de 130 oradores, estuvo marcado por fuertes descalificaciones entre las bancadas. Legisladores de oposición acusaron al oficialismo de centralismo y de afectar el federalismo, mientras que diputados de Morena defendieron la iniciativa como un paso necesario para eliminar “privilegios” y reducir gastos excesivos en los poderes legislativos locales y órganos electorales.
Claudia Sheinbaum había presentado originalmente una iniciativa más amplia, pero el Senado eliminó la propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027, por lo que el texto final se centró en los aspectos de austeridad. La presidenta ha señalado en días previos que se aprobó “lo más importante” del plan, aunque lamentó que no se incluyera la totalidad de sus propuestas.
La minuta ahora pasa a los congresos de los 32 estados, donde deberá ser aprobada por al menos 17 de ellos para lograr la reforma constitucional. De concretarse, representaría uno de los primeros ajustes electorales del gobierno de Sheinbaum tras la reforma al Poder Judicial aprobada en 2025.
La oposición, por su parte, ha advertido que la medida podría vulnerar la autonomía municipal y no necesariamente generaría los ahorros anunciados, calificándola de “innecesaria” y “centralista”.
Este es el capítulo más reciente de la agenda de reformas impulsada por el gobierno federal en materia político-electoral, en un contexto de mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso de la Unión.
