Nueva York, 26 de marzo de 2026 – El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen este jueves ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York en lo que se perfila como una jornada clave en su proceso judicial por acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas.
La audiencia, programada para alrededor de las 11:00 hora local en el edificio Daniel Patrick Moynihan de Manhattan, representa la segunda comparecencia de la pareja desde su captura el 3 de enero en Caracas durante un operativo estadounidense. En esa primera audiencia de enero, ambos se declararon no culpables. Maduro afirmó entonces ser “el presidente constitucional” de Venezuela y se describió como un “prisionero de guerra”.0
La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack —quien ha representado casos de alto perfil como el de Julian Assange—, busca desestimar los cargos argumentando fallas procesales. El punto central es la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense a autorizar el uso de fondos del Estado venezolano para pagar los honorarios de los abogados. Según la defensa, esta restricción viola la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho a una representación legal de elección propia.
Pollack ha sido enfático: si el juez no resuelve favorablemente este tema y Venezuela no puede cubrir los costos, se retiraría del caso. Los fiscales, por su parte, sostienen que, dado que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde 2019, no corresponde permitir el pago con fondos estatales venezolanos. Como alternativa, proponen asignar defensores públicos si la pareja no puede costear su propia defensa.
El juez a cargo es Alvin K. Hellerstein, un veterano magistrado de 92 años designado durante la administración Clinton. En esta sesión se espera que se revisen mociones previas al juicio, se debata la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía y posiblemente se trace un calendario procesal. Expertos consultados por distintas agencias estiman que el juicio principal no comenzaría antes de uno o dos años.
Los cargos contra Maduro y Flores incluyen conspiración por narcoterrorismo, importación de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de guerra como ametralladoras y artefactos destructivos. La acusación federal sostiene que formaban parte de una estructura que facilitó el envío de toneladas de droga desde Venezuela.
El caso ha generado atención internacional no solo por la gravedad de las imputaciones, sino por las implicaciones políticas y diplomáticas. La captura de Maduro en enero, tras años de sanciones estadounidenses contra su gobierno, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y Caracas. Mientras tanto, en Venezuela, figuras del chavismo han continuado ejerciendo el poder, y el proceso judicial se desarrolla en paralelo a una transición política incierta en el país.
Esta audiencia no resolverá la culpabilidad o inocencia de los acusados, pero podría definir si el caso avanza con la defensa privada actual o si se producen cambios significativos en su representación legal. Fuentes cercanas al proceso indican que la sesión podría extenderse más allá de lo previsto si las partes presentan argumentos detallados sobre el financiamiento de la defensa y el acceso a las pruebas.
El desarrollo de la audiencia es seguido de cerca por observadores internacionales, analistas políticos y la comunidad venezolana en el exterior, en un caso que combina elementos de derecho penal federal con complejas cuestiones de política exterior y sanciones económicas.
