Ciudad de México, 26 de marzo de 2026 — Tras una intensa jornada de más de seis horas de debate, marcada por tensiones, intercambios acalorados y negociaciones de última hora, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa, enviada al Senado el 17 de marzo de 2026 como cámara de origen, busca principalmente reducir privilegios y costos en el sistema político-electoral. Sin embargo, en un giro clave, los senadores del bloque oficialista (Morena, PT y PVEM) acordaron eliminar las modificaciones al artículo 35 constitucional relativas a la revocación de mandato, que habrían permitido adelantar su ejercicio al 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias.
El dictamen fue avalado con 87 votos a favor y 41 en contra. La mayoría calificada se alcanzó gracias al apoyo del Partido del Trabajo (PT), que había mostrado reservas y ausentado de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el día anterior, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) votó en bloque en contra.
¿Qué contempla el “Plan B” aprobado?
Entre los principales puntos que sí se mantuvieron destacan:
• Reducción de gasto electoral y privilegios: Límites al presupuesto de congresos locales (tope de hasta 0.70% del gasto anual de las entidades), ajustes en el Senado y reducción en el número de regidores en ayuntamientos (de 7 a 15 según la población del municipio, con solo un síndico). Se estima un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos, que se reorientarían a obras de infraestructura en estados y municipios.
• Austeridad en organismos electorales: Recortes y topes al gasto de autoridades electorales federales y locales.
• Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana: Aunque se retiró la parte más controvertida de la revocación de mandato, se mantiene el énfasis en someter al poder al escrutinio ciudadano y promover la igualdad sustantiva y paridad de género.
La presidenta Sheinbaum ha defendido la reforma como una respuesta a demandas ciudadanas de “reducir privilegios” y hacer más eficiente el gasto público en materia electoral. Aliados como el senador Alberto Anaya (PT) afirmaron que la coalición se mantiene “firme”, mientras que Manuel Velasco (PVEM) anticipó apoyo en lo general con posibles reservas en lo particular.
Reacciones de la oposición
Los partidos de oposición criticaron duramente la iniciativa. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que, incluso sin la revocación anticipada, la reforma genera inequidad electoral, debilita el federalismo, permite una mayor intervención de servidores públicos y beneficia al partido en el poder, creando una “cancha dispareja”.
Senadores como Clemente Castañeda (MC), Lilly Téllez y Ricardo Anaya (PAN), y Alejandro Moreno y Manuel Añorve (PRI) advirtieron riesgos de concentración de poder en Morena, incertidumbre jurídica y posibles errores en comicios concurrentes de gran magnitud. Durante la sesión se registraron intercambios fuertes, como el enfrentamiento entre Lilly Téllez y Saúl Monreal.
El INE había expresado previamente preocupación por la falta de documentación oficial y los posibles impactos en la organización de elecciones.
Próximos pasos
La minuta aprobada con modificaciones será turnada a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación. Si se aprueba sin cambios mayores, podría enviarse al Ejecutivo para su promulgación.
Este “Plan B” surge tras el rechazo parcial de una reforma electoral más ambiciosa en periodos anteriores y representa un intento del gobierno de Sheinbaum por avanzar en su agenda de austeridad y participación ciudadana, aunque con concesiones internas para mantener la unidad de la coalición.
La discusión refleja las profundas divisiones políticas en torno al sistema electoral mexicano: mientras el oficialismo lo presenta como un avance democrático y de ahorro público, la oposición lo ve como un riesgo para la equidad y la independencia de las instituciones electorales.
