La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó este 24 de febrero de 2026 la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al revocar por unanimidad un amparo que lo protegía desde 2023.
En sesión del Pleno, los nueve ministros avalaron el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres, determinando que el juez que concedió el amparo en su momento se extralimitó en la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR). Con esta resolución, queda firme la orden de captura girada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), derivados de investigaciones impulsadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El caso, uno de los más polémicos en los últimos años, fue atraído por la SCJN en octubre de 2025. La decisión unánime revoca la protección judicial que impedía la ejecución de la orden, por lo que esta podrá cumplirse una vez que se elabore el engrose de la sentencia y se notifique al juez de control correspondiente, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Cabe recordar que García Cabeza de Vaca, militante del PAN y gobernador de Tamaulipas entre 2016 y 2022, ha sido acusado por autoridades federales de presuntos vínculos con actividades ilícitas durante su administración. El político panista se encuentra fuera del país, en Estados Unidos, desde hace meses, y ha calificado en reiteradas ocasiones el proceso en su contra como una persecución política.
Tras conocerse la resolución de la Corte, el exgobernador reaccionó desde el extranjero acusando que la SCJN “se convirtió en una herramienta de persecución” y que la decisión responde al poder en turno. Afirmó que no ha sido formalmente imputado en audiencia y anunció que continuará litigando desde el exterior, donde asegura haber denunciado redes de huachicol fiscal en Tamaulipas.
Esta resolución no implica una declaración de culpabilidad —la cual deberá determinarse en un juicio oral—, sino que permite que el proceso penal siga su curso normal y que las pruebas sean debatidas ante un juez de control y un tribunal de enjuiciamiento.
La Fiscalía General de la República deberá ahora coordinar con las autoridades competentes la ejecución de la orden de aprehensión, en un contexto donde el exmandatario estatal es considerado prófugo de la justicia mexicana.
El fallo representa un revés significativo para la defensa de García Cabeza de Vaca y reaviva el debate sobre el uso del sistema de justicia en casos de alto perfil político en México.
