La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro golpe a la política comercial del presidente Donald Trump al declarar ilegal el uso de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles generalizados, en una decisión emitida el 20 de febrero de 2026 con un voto de 6-3.
El fallo, en los casos consolidados Learning Resources, Inc. v. Trump y Trump v. V.O.S. Selections, Inc., establece que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles en tiempos de paz, ya que estos equivalen a impuestos y el poder tributario corresponde exclusivamente al Congreso según el Artículo I de la Constitución. La mayoría, liderada por el presidente de la Corte John Roberts (con el apoyo de los jueces Sotomayor, Kagan, Jackson, Gorsuch y Barrett), argumentó que la ley no menciona explícitamente aranceles ni delega una autoridad tan amplia al Ejecutivo para gravar importaciones de forma ilimitada en monto, alcance o duración.
Los aranceles invalidados incluyen los llamados “gravámenes recíprocos” (un mínimo del 10% sobre importaciones de casi todos los países, con tasas más altas para varios) y los relacionados con el tráfico de drogas (25% a la mayoría de importaciones de Canadá y México, y 10% a las de China), implementados mediante proclamas y órdenes ejecutivas tras declarar emergencias nacionales por déficits comerciales y flujo de narcóticos.
El dictamen podría obligar al Gobierno a reembolsar entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados desde abril de 2025, según estimaciones de analistas como el Penn-Wharton Budget Model y otras fuentes. El caso regresa a tribunales inferiores para resolver detalles de jurisdicción y posibles devoluciones, lo que generará incertidumbre para importadores y podría afectar acuerdos comerciales negociados bajo presión arancelaria.
Trump reaccionó con dureza en una comparecencia improvisada desde la Casa Blanca, calificando el fallo de “terrible” y “profundamente decepcionante”. Acusó a los magistrados de la mayoría de actuar “influenciados por intereses extranjeros” y celebró a los disidentes —los conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh— por sus opiniones contrarias. “Tengo derecho a imponer aranceles y siempre lo he tenido”, insistió, rechazando la necesidad de coordinar con el Congreso.
En respuesta inmediata, el presidente anunció y firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite incrementos temporales de hasta el 15% por un máximo de 150 días. Trump indicó que esta medida podría entrar en vigor en pocos días y se sumaría a aranceles existentes (como los de Sección 232 o 301). Además, adelantó el inicio de investigaciones bajo la Sección 301 y otras normativas para abordar “prácticas comerciales desleales” de otros países y empresas, sugiriendo posibles tasas más altas a futuro.
El liderazgo republicano en el Congreso mostró división: el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó a Trump y prometió buscar “la mejor estrategia a seguir”, destacando que las políticas previas generaron “miles de millones de dólares”. En contraste, la minoría demócrata celebró el fallo como “una victoria para el bolsillo de los estadounidenses” y urgió a terminar la guerra comercial.
Este episodio resalta tensiones institucionales sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial y genera interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de la agenda proteccionista de Trump, ahora limitada por el fallo judicial pero con vías alternativas que podrían prolongar la incertidumbre en el comercio global.
