Por: Redacción / 10 de Febrero 2026
En Estados Unidos, agentes de inmigración usan una aplicación llamada ELITE (Enhanced Leads Identification and Targeting for Enforcement), desarrollada por Palantir Technologies, para mapear vecindarios enteros y seleccionar objetivos de deportación. La herramienta integra datos de salud (incluyendo Medicaid), direcciones, fotografías y puntajes de “confianza” algorítmica para decidir dónde realizar redadas. No es ciencia ficción: es un sistema operativo que transforma datos personales dispersos en expedientes accionables, con mínima supervisión judicial.
Ahora, en México, un programa aparentemente más modesto —el registro obligatorio de líneas celulares— avanza con la misma lógica: centralizar datos personales para “combatir el crimen”. Pero expertos en derechos digitales advierten que ambos forman parte de un mismo peligro estructural: la construcción de infraestructuras de vigilancia masiva que socavan la privacidad, la presunción de inocencia y, en última instancia, la democracia misma.
ELITE: El Modelo de Vigilancia que Ya Opera en EE.UU.
Según investigaciones de 404 Media y testimonios judiciales, ELITE genera mapas interactivos donde cada punto representa una persona con un dossier completo: nombre, foto, número de registro migratorio y un puntaje de probabilidad de que se encuentre en determinada dirección. Los datos provienen, entre otras fuentes, del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El resultado es predecible y ya documentado: redadas en barrios enteros basadas no en evidencia individualizada, sino en correlaciones algorítmicas. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han denunciado que esto viola protecciones de datos sensibles y facilita abusos. Palantir, contratista histórico de agencias de seguridad, niega responsabilidad directa en decisiones operativas, pero sus herramientas hacen posible —y eficiente— la vigilancia a escala.
El peligro no es solo para migrantes: es un precedente global. Cuando el Estado fusiona bases de datos (salud, ubicación, identidad) con herramientas de IA, cualquier ciudadano se convierte en objetivo potencial sin necesidad de orden judicial específica.
México 2026: El Registro Obligatorio de Celulares
Desde el 9 de enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben vincularse a una identificación oficial con fotografía y CURP. El plazo vence el 30 de junio de 2026; después, las líneas no registradas se suspenden (solo permiten llamadas de emergencia). Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ya superan los 6.6 millones de registros en pocas semanas.
La justificación oficial es clara y comprensible para muchos: frenar extorsiones, secuestros virtuales y fraudes que se cometen con chips anónimos. La presidenta Claudia Sheinbaum y las operadoras (Telcel, AT&T, Movistar, etc.) lo presentan como una medida de seguridad pública necesaria.
Sin embargo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lo califica como “una receta para el abuso”. Pepe Flores, director interino de R3D, señala en entrevistas que no existe evidencia empírica sólida de que registros similares reduzcan significativamente estos delitos en otros países. En cambio, sí crean:
• Una base de datos centralizada que vincula cada número telefónico a la identidad real de su usuario.
• Riesgos reales de filtraciones (ya reportadas fallas técnicas y vulnerabilidades en los primeros días).
• Acceso gubernamental a metadatos de comunicaciones (quién llama a quién, ubicación aproximada) sin los contrapesos adecuados.
A diferencia del fallido PANAUT (que incluía biométricos y fue declarado inconstitucional), este registro no exige huellas ni reconocimiento facial… por ahora. Pero crea la infraestructura: un padrón nacional que facilita cruces futuros con otras bases (CURP, RFC, antecedentes, movimientos financieros, redes sociales).
El Eslabón Peligroso: Cómo un Padrón Celular Habilitaría un “ELITE Mexicano”
Imaginemos —o mejor, razonemos con evidencia— lo que ocurre cuando se combinan:
1. Registro de celulares (identidad + número + operador).
2. Datos masivos ya existentes (CURP centralizado, geolocalización de antenas, pagos digitales, cámaras con reconocimiento facial en ciudades).
3. Herramientas analíticas avanzadas (ya sea de Palantir u otras empresas similares que venden “soluciones de inteligencia” a gobiernos).
El resultado es un sistema capaz de mapear en tiempo real movimientos, redes de contacto y perfiles de riesgo. Un periodista crítico, un activista ambiental o un opositor político podrían ser “priorizados” por algoritmos que detectan patrones de llamadas o ubicaciones frecuentes en zonas de protesta.
R3D advierte que esto invierte la presunción de inocencia: todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario al registrar nuestros datos. Además, incentiva mercados negros (chips clonados, números extranjeros, apps de mensajería encriptada) mientras expone a la población general.
Históricamente, regímenes autoritarios han usado control de comunicaciones para reprimir disidencia. En la era digital, la diferencia es la escala y la automatización. Un “ELITE” mexicano no necesitaría miles de agentes: bastaría con consultas algorítmicas a una base unificada.
Amenazas a la Libertad y la Democracia
La privacidad no es un lujo individual; es el oxígeno de la libertad de expresión, de asociación y de prensa. Cuando los ciudadanos saben que sus llamadas, ubicaciones y contactos pueden ser rastreados y analizados sin transparencia:
• Se produce un efecto disuasivo (chilling effect): la gente se autocensura en conversaciones, evita ciertas organizaciones o reduce su activismo.
• Se erosiona la rendición de cuentas: periodistas investigativos pierden fuentes protegidas; manifestantes son identificados masivamente.
• Se concentra poder desproporcionado en el Estado (y en quienes controlen los datos), facilitando corrupción, persecución selectivas o incluso manipulación electoral mediante vigilancia.
En un país como México, con antecedentes de espionaje a periodistas y activistas (Pegasus es solo el ejemplo más conocido), añadir una base de datos telefónica nacional sin marcos robustos de protección multiplica los riesgos. La democracia requiere ciudadanos libres, no perfiles digitales permanentemente auditables.
¿Qué Sigue?
El registro de celulares avanza rápido y con apoyo popular comprensible ante la violencia. Pero las buenas intenciones no eximen de escrutinio. Organizaciones como R3D exigen suspensión temporal hasta garantizar seguridad informática, límites claros al acceso gubernamental y evaluación independiente de efectividad.
Herramientas como ELITE y el padrón celular mexicano no son inherentemente malvadas, pero sin contrapesos democráticos fuertes (transparencia algorítmica, órdenes judiciales específicas, auditorías independientes y derecho a la explicación de decisiones automatizadas) se convierten en infraestructura de control autoritario disfrazada de seguridad.
La ciudadanía tiene derecho a seguridad sin renunciar a su libertad. Exigir debate público, salvaguardas legales y alternativas menos invasivas (mejora de investigación policial tradicional, encriptación, educación digital) no es oponerse al combate del crimen: es defender las bases mismas de una sociedad libre y democrática
