Colectivos laborales alertan retroceso en derechos ante proyecto que podría acortar tiempos reales para reclamar
Ciudad de México, 30 de enero de 2026 — El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este jueves el debate de la contradicción de criterios 165/2025, que podría cambiar radicalmente cómo se cuenta el plazo de dos meses para demandar por despido injustificado.
El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo propone que, cuando el patrón separa al trabajador sin entregar notificación escrita (es decir, despido de facto: cerrar puertas, dejar de pagar, cambiar cerraduras, etc.), el plazo de dos meses comience al día siguiente de esa separación física, y no desde una notificación formal que muchas veces nunca llega.
Hoy, la interpretación mayoritaria exige que el patrón notifique por escrito el despido con causas fundadas y motivadas. Solo entonces empieza a correr el plazo, lo que da mayor certeza y protección al trabajador para reclamar reinstalación, tres meses de salario, prima de antigüedad y salarios caídos.
Abogados laboralistas y organizaciones de defensa de derechos laborales advierten que, de aprobarse el proyecto, miles de personas quedarían en la práctica sin acceso a la justicia: muchas no saben con exactitud la fecha del despido fáctico, no tienen pruebas inmediatas o simplemente tardan en organizarse para demandar. Lo califican como un retroceso frente a las reformas laborales de 2012, 2017 y 2019, que buscaron fortalecer la tutela efectiva de derechos.
El artículo 518, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo establece los dos meses de prescripción, pero la forma de iniciar ese cómputo genera hoy criterios opuestos entre tribunales colegiados, lo que motivó llevar el tema al Pleno para unificar jurisprudencia.
Hasta el cierre de esta edición, la discusión continuaba sin votación definitiva. De aprobarse el proyecto en los términos planteados, el nuevo criterio sería obligatorio para todos los juzgados y tribunales laborales del país.
En un contexto de alta precariedad laboral y miles de juicios pendientes por despidos, la resolución de la SCJN definirá si se prioriza la protección real del trabajador o una interpretación más rígida que podría dejar sin tutela efectiva a quienes enfrentan despidos informales o arbitrarios.
