Camionetas blindadas, togas y viáticos generan polémica en el nuevo Poder Judicial mexicano
Ciudad de México, 27 de enero de 2026 – A cuatro meses de que entrara en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), surgida de la elección popular de ministros en 2025, el máximo tribunal del país se ve envuelto en una serie de controversias por el manejo de sus recursos públicos. Aunque la reforma judicial impulsada por el gobierno anterior y continuada en la actual administración prometió mayor eficiencia y austeridad, diversos gastos han generado cuestionamientos sobre la congruencia con ese discurso.
El episodio más resonado ocurrió a inicios de 2026, cuando se reveló la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee modelo 2026, una para cada ministro. Cada unidad, con blindaje nivel alto, representaba un costo estimado entre 2.4 y 3.5 millones de pesos, lo que sumaba alrededor de 20-31 millones de pesos en total. La compra formaba parte de una renovación más amplia del parque vehicular del Poder Judicial, que incluyó 571 vehículos nuevos en el último trimestre de 2025 por 252 millones de pesos. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) argumentó que se trataba de un cambio de arrendamiento a propiedad, lo que generaría ahorros a largo plazo —superiores a los 1,000 millones de pesos entre 2026 y 2028— al evitar contratos de renta anuales que costaban cientos de millones.
Sin embargo, la adquisición provocó críticas inmediatas en redes sociales, medios y la clase política, por considerarse un lujo incompatible con la austeridad prometida. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió inicialmente la medida al destacar el ahorro neto frente al esquema previo de arrendamiento, pero también pidió explicaciones al Poder Judicial. Ante la presión, los ministros anunciaron que no utilizarían las camionetas asignadas personalmente y que se iniciarían procesos para su devolución, reasignación a juzgadores con mayor riesgo o venta de unidades excedentes (incluyendo 21 vehículos). El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfatizó que la decisión respondió a criterios de seguridad vial, pero priorizó la percepción pública.
Otros gastos que han alimentado el debate incluyen:
- La compra de 12 togas personalizadas para los nuevos ministros en 2025, con un desembolso cercano a los 295 mil pesos (alrededor de 22-27 mil pesos por unidad, incluyendo impuestos).
- Viáticos y viajes, como un vuelo en primera clase de una ministra en misión oficial, y asignaciones mensuales para alimentos (65 mil pesos reportados en anteproyectos previos).
- Otros rubros como seguros de gastos médicos mayores y retratos oficiales.
En términos presupuestales, el Poder Judicial de la Federación opera con un monto aprobado para 2026 de aproximadamente 70 mil millones de pesos (tras recortes al proyecto original de casi 86 mil millones solicitado, que implicaba un aumento de unos 15 mil mdp respecto a 2025). Para la SCJN específicamente, el presupuesto ronda los 5,200-5,869 millones de pesos, de los cuales cerca del 85% se destina a servicios personales (sueldos y prestaciones). Expertos consultados cuestionan el discurso de austeridad, ya que el gasto principal sigue concentrado en remuneraciones y operación, pese a la transformación institucional.
La presidenta Sheinbaum impulsó ajustes al presupuesto del Poder Judicial para 2026, solicitando al Congreso recortar miles de millones y reorientarlos a educación e infraestructura. Aunque el nuevo diseño judicial busca mayor cercanía con la ciudadanía, estos episodios han puesto en el centro del debate la necesidad de mayor transparencia y congruencia en el uso de recursos públicos en una institución clave para la democracia mexicana.
La SCJN ha reiterado su compromiso con el uso racional de fondos y la publicación trimestral de sus estados financieros en su portal de transparencia, pero las polémicas continúan alimentando el escrutinio público sobre cómo se equilibra la autonomía judicial con la responsabilidad ante los contribuyentes.
