Por Nico Underwood
El fallo del TEJA de Baja California, contra Jaime Bonilla reabre el debate sobre las competencias energéticas y la capacidad de los estados para impulsar proyectos estratégicos.
Más allá de la sanción individual contra el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, el caso Next Energy se ha convertido en un parteaguas para la relación entre la Federación y los gobiernos estatales. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó que la adjudicación del contrato para una planta fotovoltaica excedió las facultades del Ejecutivo de Baja California, al incursionar en un sector como el de generación eléctrica, reservado constitucionalmente a la autoridad federal.
La resolución abre un debate que llevaba años gestándose ¿qué margen real tienen los estados para emprender proyectos energéticos propios sin vulnerar el marco federal? En un contexto de transición energética y creciente demanda de infraestructura, varios gobiernos locales han explorado alianzas con empresas privadas para asegurar suministro y diversificación. Sin embargo, la línea entre colaboración legítima y usurpación de atribuciones se ha vuelto cada vez más delgada.
Un límite jurídico con efectos nacionales
El fallo del TEJA no solo sanciona una actuación administrativa; establece un parámetro que podría ser utilizado como referencia por otros tribunales estatales y federales. El mensaje es claro, los proyectos que impliquen generación, transmisión o comercialización de energía deben alinearse estrictamente con el régimen federal vigente. Cualquier intento estatal de avanzar unilateralmente, aun bajo el argumento de interés público, corre el riesgo de ser invalidado.
Este precedente llega en un momento en que las entidades buscan mayor autonomía para impulsar economías regionales, atraer inversión y responder a crisis energéticas locales. La decisión del tribunal obliga a replantear esa estrategia, privilegiando la coordinación con la Federación para evitar litigios y sanciones.
Tensiones y reacomodos en el federalismo mexicano
El caso también revela una tensión política creciente,los estados demandan más instrumentos para gestionar servicios estratégicos, mientras que la Federación refuerza su papel rector en sectores como energía, hidrocarburos y telecomunicaciones. La inhabilitación de Bonilla, basada precisamente en una extralimitación de facultades, funciona como advertencia para otros gobiernos que consideren aventurarse en proyectos similares sin un andamiaje jurídico sólido.
Este episodio marca un punto de inflexión en el federalismo mexicano contemporáneo. La resolución permite vislumbrar un modelo en el que la Federación reafirma su autoridad en sectores clave, al tiempo que obliga a los estados a profesionalizar su análisis legal y técnico antes de comprometer recursos públicos en rubros estratégicos. A la vez, abre la puerta a un debate indispensable, si México aspira a una transición energética eficaz, deberá definir con precisión el papel que jugarán los gobiernos locales y qué margen tendrán para innovar sin vulnerar el pacto federal.
