Ministros de la SCJN dan marcha atrás: no usarán camionetas blindadas de lujo y solicitarán su devolución tras fuerte polémica
Ciudad de México, 25 de enero de 2026
En un giro inesperado ante la ola de críticas públicas y en redes sociales, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron este domingo que no utilizarán las nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas adquiridas recientemente para su traslado personal.
A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el máximo tribunal informó que los integrantes del Pleno decidieron no hacer uso de los vehículos y solicitarán formalmente el inicio del proceso para su devolución al proveedor o, en su caso, su reasignación a jueces y magistrados que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, siempre respetando la normatividad aplicable.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, señala el texto, en el que también se anuncia una conferencia de prensa programada para mañana lunes en las instalaciones de la Corte, con el objetivo de “precisar la información”.
La adquisición de estas unidades —valuadas entre 1.069 y 1.777 millones de pesos cada una, sin incluir el costo adicional del blindaje— generó una fuerte controversia desde que se hizo pública a finales de enero. Medios y ciudadanos cuestionaron el gasto superior a los 25 millones de pesos en un contexto de austeridad republicana promovida por el gobierno federal, y contrastaron el lujo de las camionetas con las condiciones de riesgo y precariedad que enfrentan muchos juzgadores de primera instancia en regiones con alta incidencia delictiva.
La decisión llega apenas días después de que la propia SCJN justificara la compra como una medida de actualización de su flotilla vehicular por motivos de seguridad, argumentando incluso un supuesto ahorro millonario en comparación con opciones previas. Sin embargo, la presión mediática y el rechazo en redes —donde se les acusó de “simulación” y “despilfarro”— parece haber pesado en la reversa.
Organizaciones civiles y analistas han calificado el episodio como un ejemplo de desconexión entre el Poder Judicial y la ciudadanía, y han exigido mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos del órgano.
La conferencia de prensa de este lunes será clave para conocer detalles sobre el proceso de devolución, los costos incurridos hasta el momento y si habrá alguna sanción o revisión interna por la adquisición inicial.
Mientras tanto, la imagen de la Corte queda en entredicho: ¿fue un error de cálculo o un acto de rectificación forzada por el escándalo? La respuesta, previsiblemente, llegará mañana desde el propio Pino Suárez.
